En el foro de ACpasion se ha suscitado un debate interesante sobre los inicios del movimiento autocaravanista en Francia. Quizá algún día tengamos el placer de escuchar cómo alguno de sus protagonistas nos explica en directo el camino recorrido por los compañeros franceses. Sin embargo conocemos, aunque superficialmente y sobre el papel, la situación actual del autocaravanismo y del movimiento autocaravanista en Francia y las diferencias existentes con España.
La primera diferencia evidente es el parque de autocaravanas. Mientras en España en 2006 era de 25 mil, en Francia se componía de 150 mil (ECF, Libro Blanco del Caravaning). Esta circunstancia, unida a la acogida de autocaravanistas europeos, por su indudable interés turístico y los medios puestos a su disposición hacen de Francia un país donde el turismo en autocaravana representa un fenómeno social y económico relevante.
En Francia no todo es de color de rosa para el autocaravanismo. Su mayor ventaja, el número de autocaravanas que circulan realizando etapas, es a la vez su mayor problema. En numerosas comunas que soportan la presencia masiva de autocaravanas coexisten los gálibos y las prohibiciones que limitan el estacionamiento con la oferta de áreas de acogida acondicionadas.
Sin embargo, Francia es un país donde un autocaravanista puede acudir con la seguridad de que va a disponer de un lugar donde hacer una etapa y de suficientes medios para el suministro de agua y vertido de residuos. Un lugar para pernoctar porque a las autocaravanas se les aplica la ley de tráfico cuando estacionan en la vía pública y áreas de servicio porque la oferta es la respuesta a la demanda y además porque la aplicación de la Ley no deja otras alternativas más cómodas a los alcaldes.
La segunda diferencia es el sistema judicial, el tercer poder del Estado. Tercer poder que en Francia , a diferencia de España, defiende con eficiencia los legítimos intereses de los ciudadanos frente a los abusos de las administraciones. Una maquinaria judicial más eficiente, más rápida y más económica que la española en la que el ciudadano puede confiar.
La tercera diferencia significativa es la situación del asociacionismo o del movimiento autocaravanista. En Francia las intervenciones en defensa de los legítimos intereses de los autocaravanistas están en manos de un Comité de Coordinación, el CLC (Le Comité de Liaison du Camping-car), compuesto por usuarios y profesionales del sector y regido de forma colegiada.
Los usuarios están presentes a través de:
La Federación Francesa de Asociaciones y Clubes Autocaravanistas FFACCC
La Federación de Francesa de Camping y de Caravaning FFCC
En Francia lo que cuenta son los fines asociativos y la convergencia de intereses para defender la movilidad en autocaravana en lugar de los prejuicios y fobias personales que priman en España, de esta forma los objetivos que rezan en la presentación del CCL en su Web indican:
“Su misión consiste en la defensa de los intereses ligados a la utilización de las autocaravanas bajo todos sus aspectos y particularmente la acogida de estos vehículos, su estacionamiento, su entorno, los derechos y deberes de los usuarios, la reglamentación administrativa y técnica y la fiscalidad”. De esta forma, por encima de las siglas, lo que cuentan son las intervenciones realizadas y los objetivos.
Los problemas que afectan a la movilidad de las autocaravanas a los que tenemos que enfrentarnos en España son comunes a todos los usuarios afiliados o no a asociaciones autocaravanistas o campistas y necesitamos todos los medios disponibles.
Si realmente la voluntad de solucionar los problemas es sincera nuestro deber es dejar a un lado los prejuicios y los protagonismo y unirnos para lograr la fuerza, la representatividad y los medios necesarios para enfrentarnos a los abusos de las administraciones por todos los medios legales.
Si realmente tenemos que exigir a los políticos que cumplan con la función para la que han sido elegidos sin depender de sus caprichos o del amiguismo, tenemos que obtener el peso social que otorga la representatividad para ser tenidos en cuenta.
Si realmente tenemos que hacer valer nuestros derechos legales ante la justicia necesitamos disponer de los medios económicos necesarios.
Por eso, si queremos avanzar, tenemos la necesidad de estar unidos, de participar en las Asociaciones, de elegir a los dirigentes más idóneos para llevar a cabo nuestros propósitos y esto solo se consigue a través de la participación activa.
Por un lado con la afiliación a las Asociaciones se participa otorgando la representación y los medios con las cuotas. Participar en los actos sociales y lúdicos de los clubes y beneficiarse de las ventajas materiales de las mismas son motivos lícitos para asociarse, pero además es necesario exigir que los responsables que adquieren compromisos participen también en la reivindicación de nuestros derechos como autocaravanistas.
No es necesario inventar ningún modelo social nuevo porque ya existe una estructura que ha demostrado ser eficaz si es convenientemente dirigida: plataformas reivindicativas de ámbito nacional, clubes de autocaravanistas federados y secciones de autocaravanistas de clubes campistas. Todas ellas asociaciones de usuarios de autocaravanas cuyos problemas e intereses son comunes. Y si no existe el club, asociación o plataforma que responda a nuestras necesidades se crea.
Sabemos que la afiliación no sobrepasa el 15% de los usuarios, pero esto no significa ni más ni menos que ése es el peso social de una forma de acción coordinada y colegiada y que estos autocaravanistas afiliados voluntariamente han confiado la defensa de sus intereses ante las administraciones a sus dirigentes. Dirigentes que evidentemente sólo pueden actuar en representación de sus afiliados aunque defiendan unos intereses que son comunes a los 30 mil usuarios.
Las asociaciones, para ser válidas, deben disponer de los mecanismos necesarios para elegir y revocar a sus dirigentes y que éstos no pueden ser nunca más que representantes de la voluntad de sus electores.
El resto, los no afiliados, han renunciado a ser representados aunque cada uno de ellos puede ejercer el derecho individual a defender sus propios intereses y los de aquellos que puedan confiar eventualmente en una gestión puntual, pero sin haber pasado por el Registro y sin haber pasado por unas elecciones difícilmente podrán obtener la legitimidad necesaria como para representar ante la administración más allá de su propia persona y las firmas que hayan podido recabar a través de un medio de comunicación para realizar una gestión puntual.
En España, después de muchas vicisitudes existe un pacto entre las principales asociaciones de usuarios y de profesionales del sector para actuar conjuntamente ante la administración. Este pacto que es el resultado de un ejercicio de responsabilidad de los dirigentes de las Entidades que lo componen está abierto a cualquier fórmula que permita potenciar todos los caminos que nos lleven a avanzar en la resolución de los problemas que nos afectan como usuarios de autocaravanas. Dispuestos a debatir y consensuar, nunca a imponer, las vías y los métodos idóneos para llevar a cabo los fines propuestos que coinciden uno por uno con los que guía al CLC.
domingo, 26 de abril de 2009
Los movimientos autocaravanistas en Francia y España
miércoles, 22 de abril de 2009
La reivindicación a través de los Defensores del Pueblo.
Uno de los recursos que disponemos los ciudadanos para defendernos de los abusos de las diferentes Administraciones son los Defensores del Pueblo (Ombudsman). Estas Instituciones están al alcance de cualquier ciudadano que considere que sus derechos están siendo conculcados.
También puede recurrir ante el Defensor del Pueblo Europeo. DP Europeo
Sin embargo este recurso al alcance de cualquier ciudadano de la Unión Europea, sólo se ha creado para investigar reclamaciones acerca de los casos de mala administración en las Instituciones y Órganos de la Unión Europea. El Defensor del Pueblo Europeo no puede ocuparse de reclamaciones concernientes a las administraciones nacionales, regionales o locales de los Estados miembros puesto que se consideran cuestiones domésticas.
Por otra parte en 2002 se interpeló a la comisión con una pregunta acerca de la demanda de infraestructuras para el turismo en autocaravana:
"En qué medida tiene la Comisión previsto responder a esta demanda creando organismos con el encargo oficial de velar por las necesidades del turismo de autocaravana y, en su caso, de elaborar normas generales y formular recomendaciones para el acondicionamiento de las zonas de estacionamiento correspondientes."
Dentro del Estado Español, en primer lugar está la figura del Defensor del Pueblo cuyas competencias abarcan a todo el País. Su actuación tiene por objetivo el investigar las denuncias de ciudadanos que se sienten afectados por algún tipo de abuso, arbitrariedad, error o negligencia de la Administración.
DP Español
Dentro de las Comunidades Autónomas existen, además, Instituciones similares de ámbito autonómico, entre ellas están:
Valedor do Pobo
Ararteko
Sindic de Greuges
DP Andaluz
Estas Instituciones actúan ante las quejas de los ciudadanos, en primer lugar, recabando información de las Administraciones denunciadas y tomando resoluciones de acuerdo con sus criterios y trasladando sus recomendaciones para corregir las anomalías denunciadas si las consideran justas.
Esta vía la he utilizado para denunciar la prohibición de estacionamiento de autocaravanas en algunos municipios. De esta forma, a finales de 2003 elevé una queja ante el Ararteko contra el Ayuntamiento de Mondragón al estimar que, en mi opinión, las restricciones de estacionamiento de los vehículos contenidas en las ordenanzas municipales se basaban en razones subjetivas como la clasificación de un vehículo por su destino de construcción y no por otras razones relativas al tamaño o MMA y su influencia en la posible obstrucción del tráfico o el reparto equitativo de las plazas de estacionamiento.
El Ararteko en su resolución de principios de 2005 recomienda al ayuntamiento de Mondragón modificar sus Ordenanzas. Como consecuencia el Ayuntamiento retiró la prohibición general para estacionar autocaravanas de sus OOMM.
A principios de 2005 nos dirigimos al Sindic de Greuges en queja contra el ayuntamiento de Cambrils. Un año más tarde emitió una resolución en la que consideraba la prohibición de estacionamiento de autocaravanas como excesiva y recomendaba la modificación del texto para que las autocaravanas tuvieran garantizado el estacionamiento en la población.
En junio de 2005 me dirigí también al Defensor del Pueblo Andaluz en queja contra las ordenanzas municipales de Motril cuya resolución se produjo en febrero de 2006 en la que se pronunciaba de forma favorable a nuestras reclamaciones y abogaba por la creación de normas que diferencien claramente el estacionamiento de la acampada.
Esta última resolución recoge los argumentos planteados en la queja y han sido reproducidos en diferentes medios de comunicación especializados.
Cabe destacar la queja presentada ante el Defensor del Pueblo Estatal contra ayuntamiento de Santander por la prohibición del estacionamiento de autocaravanas contenido en el artículo 22.4 de la Ordenanza Municipal de Tráfico. Con el ánimo de informar del desarrollo de la queja voy a hacer una exposición pormenorizada de los escritos cruzados:
El 10.08.2007 me dirigí al DP quejándome de la redacción del artículo 22.4 de la Ordenanza de Tráfico de Santander que prohíbe el estacionamiento de autocaravanas en todo el término municipal.
El 13 de agosto contesta informando que se inicia el estudio del asunto que ha sido sometido a su consideración.
El 10 de octubre vuelve a escribir informando que en otras quejas que planteaban el mismo problema, la DGT informó que no podía realizar actuación alguna en relación con las restricciones que establecían los ayuntamientos a la circulación, paradas y estacionamientos de vehículos en las vías urbanas, al no tener competencias en dicho ámbito.
A continuación, en el informe, la DGT expone los artículos de la Ley de Tráfico que otorga competencias a los ayuntamientos, concluyendo:
“En consecuencia al amparo de dicha norma, los ayuntamientos pueden, valorando los distintos intereses en juego, determinar las medidas limitativas o de otro tipo que crea conveniente adoptar para regular la circulación o el estacionamiento de vehículos en determinadas vías públicas.”
Es de destacar que esta comunicación al DP procedente de la DGT se produce un par de meses antes de la publicación del borrador de la Instrucción 08/V-74.
De esta forma el DP cierra el caso sin estimar nuestros argumentos en la queja debido al informe procedente de la DGT.
En octubre, indignado por el tratamiento que nos da la DGT publico el trabajo Inhibición impotencia o incompetencia, en justa contestación al escrito de la DGT en el que se desentiende de su deber como Organismo Competente en la interpretación de sus propias leyes ante el Defensor del Pueblo y, en cierto modo, da a entender que la prohibición de estacionamiento de autocaravanas en Santander se ajusta a derecho.
El 19 y el 21 de octubre contesté que, en mi opinión, la DGT no había sido concisa ya que se declara incompetente para actuar en el ámbito de los ayuntamientos y que su informe era ambiguo ya que no se pronunciaba sobre la legitimidad para prohibir el estacionamiento de vehículos por razones subjetivas como son su clasificación por destino de construcción.
El 20 de noviembre me contesta el DP informando de que a su juicio no se aportan nuevos datos que acrediten una actuación administrativa no conforme con los principios constitucionales por lo que no procede actuar.
El 11 de febrero de 2008 vuelvo a dirigirme al Defensor del Pueblo informando de la publicación por parte de la DGT de la Instrucción 08/V-74, que daba una orientación totalmente diferente al informe que la DGT dirigió al propio DP en octubre de 2007, este escrito estaba en consonancia con el trabajo Primeras reflexiones a la Instrucción 08//V-74 publicado en este blog sobre la Instrucción unos días antes.
El 25 de marzo el DP me informa que a consecuencia del escrito anterior se dirige nuevamente a la DGT para obtener información más completa pero nos puntualiza que la Institución no es un órgano consultivo y no emite dictámenes aclaratorios a dudas legales.
El 23 de julio de 2008 el DP nos informa nuevamente que ha recibido un nuevo informe de la DGT y que como consecuencia admite a trámite la queja y se dirige al ayuntamiento de Santander para solicitar el preceptivo informe.
El 4 de agosto de 2008 dirijo un escrito al DP agradeciendo la aceptación a trámite de la queja y además, se suman a la misma la FEAA y el club Sorbeltz con el envío de las fotografías de autocaravanas con el cepo o retiradas por la grúa municipal aportadas por compañeros locales.
El día 27 de noviembre el DP me informa que el ayuntamiento de Santander ha contestado exponiendo sus razones para prohibir el estacionamiento de autocaravanas y en consecuencia le recomienda que valore la oportunidad de modificar lo dispuesto en el artículo 22.4 de la Ordenanza Municipal de Circulación, de manera que se supriman las limitaciones que afectan a las autocaravanas por el mero hecho de serlo, fundamentando dichas limitaciones, si proceden, en razones objetivas.
El 27 de marzo de 2009 me escribe el Defensor del Pueblo para informar que el ayuntamiento de Santander en respuesta a su recomendación le ha dirigido el preceptivo informe, justificando la prohibición al estacionamiento de autocaravanas en estos términos:
- Optimizar el limitado espacio disponible para el estacionamiento en las vías urbanas del término municipal de Santander.
- La situación de riesgo para la seguridad vial que podría generar el estacionamiento de vehículos en general con una anchura y longitud menor.
- El impacto visual que significaría, restando interés turístico a determinadas zonas.
- La ocupación abusiva que se podría provocar con el consiguiente agravio comparativo para el resto de los usuarios.
Esta es la última intervención del DP en esta queja y estoy pendiente de recibir la conclusión de las resoluciones tomadas por el ayuntamiento como consecuencia de la intervención del DP a la que preceptivamente el Ayuntamiento de Santander tiene la obligación de contestar en un sentido u otro.
Mis conclusiones son que la vía de la queja a los Defensores del Pueblo es una posibilidad abierta en el conjunto de las intervenciones que los usuarios de autocaravanas tanto individualmente o desde las asociaciones podemos tomar en defensa de nuestros legítimos derechos.
Estas resoluciones no son ejecutivas y, por sí mismas, como otras iniciativas entre las que se pueden inscribir la presión social, que tampoco son determinantes aunque constituyen argumentos que sumados a otras iniciativas pueden dar resultados.
La suma de las intervenciones, para que sean eficientes, deben manejarse de forma coordinada por el colectivo desde, en principio, un diálogo o una negociación constituyendo cada una de ellas, la vía judicial y la presión social en todas sus variantes, las bazas en la partida que constituye una negociación dejando las intervenciones extremas como las manifestaciones o los juicios para cuando el fracaso del diálogo sea patente.
Lo que no es posible, haciendo una analogía a una batalla es que la infantería, la caballería y artillería vayan cada una por su lado y disparando contra sus propios compañeros o aliados para llevarse en exclusiva las medallas, porque de esta forma nunca se podrá vencer a los auténticos enemigos que son aquellos que nos privan del derecho a disfrutar plena y racionalmente de nuestros vehículos de recreo.
